El Perú está considerado uno de los 15 países que posee una vasta variedad biológica en el mundo, debido a su amplia diversidad genética, la riqueza en su flora y fauna, y la presencia de ecosistemas continentales y marítimos. En tal sentido, existe una considerable disposición y capacidad para el crecimiento integral de una producción sostenible de los recursos naturales. Sin embargo, la ausencia del Estado y la falta de estrategias para un crecimiento sostenible en los últimos años generan el desgaste de los recursos y la disminución en la calidad ambiental, lo que constituye una importante preocupación. Por ello, es necesario conocer la deficiente gestión del Estado como un factor del uso indiscriminado de los recursos naturales.

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Uno de los hechos que explican la deficiente gestión del Estado es la falta de propuestas para el desarrollo y la preservación de los recursos naturales. Esta situación se debe a la incapacidad en el manejo integrado y sostenible de los recursos que tiene el Gobierno, el cual tiene como finalidad el aseguramiento de su conservación. Según Gómez (2016), dicha incapacidad en el manejo de recursos origina una escasa participación y compromiso por parte del Estado y las entidades privadas. Asimismo, estos no establecen alianzas estratégicas mediante mecanismos que fomenten la participación, investigación e innovación en la ciudadanía para valorar y gestionar los recursos naturales. También, esta ausencia en el manejo integrado de los recursos genera una falta de estrategias para comunicar el impacto negativo que se produce a causa de la extracción de los estos. Otra causa del hecho analizado es el desinterés en el compromiso de conservar los ecosistemas. Según el MINAM (2009), esta ausencia de responsabilidad afecta la calidad de vida de las personas, debido a que no se ejecuta medidas de prevención, protección y recuperación del medio ambiente. Además, según Reggiardo (1997), el Estado, pocas veces, promueve y apoya a las iniciativas de las comunidades que velan por la protección y restauración de los ecosistemas.

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La ineptitud del Estado causa una deficiente fiscalización y regulación de la extracción de los recursos naturales. Por una parte, esto se genera por una falta de control y responsabilidad por parte de entidades incompetentes que no se preocupan por la conservación de los recursos. Según Gómez (2016), la ausencia de implementación de un sistema de monitoreo y evaluación impide conocer oportunamente los avances y limitaciones del proceso su extracción. Además, uno de los objetivos de la Política Nacional del Ambiente (2009) es  ejecutar mecanismos de incentivo y sanción que aseguren el adecuado cumplimiento del control ambiental. Por otro lado, existe una falta de coordinación interinstitucional, clave para una integración política entre el Estado, entidades privadas y la sociedad civil. También, se puede mencionar que el ciudadano ejerce un rol central frente a la gestión ambiental. Sin embargo, según la legislación peruana, no tiene acceso a la información, a la participación, ni a la justicia ambiental. Asimismo, según Gómez (2016), la ciudadanía no dispone de un sistema de rendición de cuentas ambiental, sencillo y transparente. Por lo tanto, genera desinformación sobre el avance o retroceso en temas de inversión ambiental.

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En síntesis, la falta de propuestas para el desarrollo y preservación de los recursos y la ineptitud del Gobierno en la fiscalización y regulación constituyen una deficiente gestión del Estado, lo que propicia un uso indiscriminado de los recursos naturales. En tal sentido, se  sugiere al Estado que se comunique de manera más efectiva con la sociedad civil para el fortalecimiento en la mejora de la gestión de los recursos naturales. Por tanto, es importante enfocarse en la implementación de un número limitado de políticas y objetivos específicos con la finalidad de cumplir con las metas propuestas y, así,  manifestarlas a la población. También, es necesario reiterar que el manejo del tema ambiental es transversal y requiere la atención y prioridad de parte del Estado, las empresas privadas y la sociedad civil.